Escrito por: Carlos Alberto Arango Schütz
Para: http://calicolumna.blogspot.com/ y http://noticias.radio3hp.com/
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1. Concepciones o imágenes de la política de los Indígenas colombianos y el Gobierno Nacional.
a) Movimiento Indígena (Minga Indígena):
Actualmente la movilización de los indígenas (ó la gran minga indígena), se encuentra en el marco de la lucha por la inclusión, la aceptación, el derecho de participación, la igualdad y el reconocimiento a los pueblos autóctonos dentro de un sistema de participación política, económica, social y cultural de carácter incluyente y respetuoso de los derechos naturales de los primeros habitantes del territorio[1], en donde hoy se encuentra amparada la República de Colombia.
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Los indígenas luchan por unos derechos que constitucionalmente son legítimos (con excepciones, como el tema del subsuelo), pero que el gobierno nacional hoy no reconoce. En Colombia ninguna institución estatal está de acuerdo en el número total de pueblos indígenas, la dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, afirma que en Colombia hay un total de 81 pueblos indígenas, mientras que el ministerio de defensa en 2002 estableció un total de 83 grupos, coincidiendo con el Departamento de Planeación Nacional, que afirmó en 2004 que el total de pueblos indígenas era del mismo número. Posteriormente el DANE a raíz del censo de 2005, estableció que la cantidad era de 87[2]. El problema que genera no llegar a un consenso en las instituciones estatales sobre la cantidad de pueblos indígenas, es que no se puede establecer la cantidad de tierras que se van a destinar a estos, ni tampoco conciliar en la medida de lo posible sus intereses y mucho menos ofrecerles una protección total y justa, para que se puedan expresar como una minoría[3], dentro del marco del sistema político colombiano[4].
Así la postura o la imagen de la política de los pueblos indígenas, es pluralista al estilo de Bernard Crick, en tanto ellos como etnia autóctona abogan porque todas las etnias y grupos sindicales (como los trabajadores de caña) que conforman unas minorías, sean reconocido en su totalidad y tengan participación en las decisiones o proyectos de carácter político, económico y legislativo que los afecte directamente como el TLC, las reformas a la ley laboral y los acuerdos entre el gobierno y las empresas multinacionales para explotar recursos naturales. Además el movimiento indígena, exige que una cantidad considerable de sus pueblos sean reconocidos, para que su conservación sea garantizada mediante los derechos establecidos en la constitución de 1991[5].
El movimiento indígena no sólo quiere ser reconocido como una asociación de individuos unidos que reclaman una serie de derechos constitucionales, sino también como una asociación política, que tiene como minoría la facultad ó la posibilidad de trasformar sus demandas y/o exigencias, en un poder que brille sobre las imposiciones del gobierno, logrando sopesar el poder del mismo. Por esto siguiendo a Harold Lasswell, los Indígenas en sus marchas y manifestaciones públicas, en el debate del pasado domingo 2 de noviembre y en sus constantes presiones en los medios alternativos de comunicación, están ejerciendo actos políticos con perspectivas de poder[6]. Pero las perspectivas de poder de la Minga son de carácter incluyente y en las cuales el poder que se quiere ejercer está enfocado a ayudar a conciliar en lo posible los diversos intereses, tanto del gobierno como el de todas las comunidades autóctonas del país.
Por lo tanto las perspectivas de poder de los Indígenas, están basadas en la concertación mediante el dialogo (por esto el interés en citar al presidente a un debate público) y en el pluralismo incluyente en las acciones políticas.
Las minorías inconformes como los pueblos indígenas, son vitales para el desarrollo de nuevas concepciones en la política, para John Stuart Mill "los inconformes y las minorías son fundamentalmente útiles. Son los instrumentos decisivos para el descubrimiento y la aplicación de conocimientos nuevos; son las reservas intelectuales de la comunidad de hoy, y quizá sus pioneros de mañana"[7]. Por esto, no garantizar la participación política de estos grupos, dentro del marco del sistema político nacional, constituye un grave problema, no sólo porque no se esté teniendo en cuenta a una minoría, sino porque también se está perdiendo unas percepciones útiles en el ámbito político, cultural y social para el desarrollo del Estado-Nación. El movimiento indígena tiene presente esta percepción y por tanto exige que en Colombia cese la persecución a esta etnia, que se les garantice obtener todas las posibilidades para desarrollar su propio sistema político dentro de sus cabildos y resguardos, y que el Estado los acoja y les permita incluirse/ligarse al sistema político nacional, para aportar desde su perspectiva como minoría étnica.
b) Gobierno Nacional (Presidente Álvaro Uribe Vélez):
Por otro lado encontramos la imagen o la concepción de la política del gobierno nacional, encabezado por el presidente Álvaro Uribe Vélez. Esta imagen de la política corresponde a la doble moralidad y al concepto del equilibrio del poder expresados por Nicolás Maquiavelo en su obra el Príncipe, y a Hobbes es su concepción del papel del soberano.
El presidente Uribe, con sus perspectivas dirigidas a incrementar su poder, nublado por su disonancia cognoscitiva y lo que él considera las “razones de estado”, ha fabricado todo una fachada para tildar a la Minga, al Cric y a los movimientos sociales en general de terroristas y/o aliados de las FARC, para de esta forma poseer pretextos apoyados en la mentira y en la supuesta sangre que ha causado la violencia indígena a la fuerza pública. De esta forma, el presidente se ahorra la molestia de concertar y conciliar los intereses de la Minga, y logra actuar usando la fuerza legítima, pero represiva de los organismos de control. Además el gobierno nacional, aplica la regla de la conducta egoísta[8] del príncipe maquiavélico, impidiendo que se expresen las minorías como grupos con poder político e intentando y en muchas ocasiones logrando mantener un dominio despótico sobre estas asociaciones.
El concepto del equilibro del poder de Maquiavelo, también se aplica a Uribe, “En palabras de Maquiavelo, cada príncipe, y cada aspirante al poder, es el enemigo de todo los demás”[9], ubicando esta afirmación en el contexto del conflicto, es lógico que la estrategia perfecta para menguar al movimiento indígena, que busca participar en el ejercicio del poder político, sea mediante el uso de la violencia legítima en manos de la fuerza pública, para de esta forma intentar que se retracten de aspirar a obtener poder decisorio. Ya que estos movimientos sociales representan un enemigo naciente para los intereses del gobierno, en materia de inversión extranjera y dominio político, es mucho mejor atacarlos con mentiras que destruyan su credibilidad ante la opinión pública y persuadirlos mediante la fuerza, para que no persigan la adquisición de sus derechos legitimados por la constitución; que acordar con los indígenas medidas que garanticen el cumplimiento de sus reclamos e intereses, como por ejemplo los acuerdos de las tierras que legalmente deberían cumplirse, pero que hoy en día están a medio pagar[10].
Otra concepción que el presidente Uribe demostró poseer en el debate del 2 de noviembre, fue el concepto del soberano de Hobbes: “el gobernante no debe obedecer otra voluntad más que la propia”[11]. Por tanto el presidente Uribe, no admite en su ideología que otros grupos minoritarios como el movimiento indígena, puedan llegar a participar en la política o tengan espacio dentro de la esfera de lo político. Esta concepción afecta directamente la integración de ideas y de conceptos para mejorar la convivencia en la sociedad, y además destruye cualquier oportunidad de dialogo que conlleve a una concertación de intereses o a una sana participación en los poderes establecidos del Estado.
La manipulación de los principales medios de comunicación, constituye una de las estrategias para distraer o generar percepciones equivocadas acerca de los movimientos sociales, que buscan la reivindicación de lo que por derecho constitucional, natural e histórico les pertenece. Mediante esta manipulación de la opinión pública, el soberano (Uribe), impide que otras voluntades se establezcan en el plano social-político del Estado. Un claro ejemplo de la negación a aceptar otras voluntades se dio durante el Debate, cuando el presidente Uribe decidió opacar la voz de la líder indígena con sus gritos y vociferaciones hacia el público, impidiendo que esta expresara lo que iba a pasar a partir del domingo 2 de noviembre, debido a que el gobierno y la pasión indígena, no permitieron llegar a un acuerdo sobre los puntos a discutir en la agenda.
2. Posibles escenarios para la trasformación del conflicto:
Para poder garantizar un cierto orden político y social en un Estado, es necesario que el sistema político de gobierno, cuente con la política como una herramienta para reconciliar los intereses que hay en los diversos grupos dentro de una comunidad política. Por esto es que la mejor forma de garantizar una conciliación entre los intereses del gobierno y los pueblos indígenas, sea elaborando mecanismos de inclusión en el ejercicio de la política nacional, en donde se respete la expresión de concepciones divergentes
Por tanto la mejor forma para resanar este conflicto de intereses, es adoptando una modalidad de dialogo, que permita la expresión guiada por la moderación y no por las políticas dogmaticas y la pasión ideológica, que tanto el gobierno como los indígenas mostraron en el pasado debate.
Para garantizar un verdadero dialogo, donde los poderes no choquen, sino que se unan para mantener o restablecer un orden, hay que procurar que esté mediado por instituciones, personajes y/o organizaciones con una posición neutral. Otro punto esencial es que el debate debe ser llevado a cabo con representantes de ambas partes, que comprendan y usen la política así como el discurso, no para atacar, sino para reconciliar y otorgar la razón en la medida en que sea verdadero el argumento de la contraparte. El escenario ideal, debe ser entonces, en el cual ambas partes estén en igualdad de condiciones para deliberar, en donde los indígenas posean el mismo nivel para argumentar y contra argumentar, y en donde ambas partes sean reconocidas como un poder establecido[12] con un cierto grado de razón, que debe ser respetada.
Este escenario, debe estar secundado por el deseo de incorporar algo nuevo a la concepción política de una de las partes, a través de la experiencia deliberativa con la opuesta. Al garantizar que en cierto grado las concepciones políticas acertadas de ambas partes, van a estar amparadas e incorporadas bajo el acuerdo establecido posterior al dialogo, se puede resolver en gran medida el problema de la conciliación de intereses.
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Los indígenas luchan por unos derechos que constitucionalmente son legítimos (con excepciones, como el tema del subsuelo), pero que el gobierno nacional hoy no reconoce. En Colombia ninguna institución estatal está de acuerdo en el número total de pueblos indígenas, la dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, afirma que en Colombia hay un total de 81 pueblos indígenas, mientras que el ministerio de defensa en 2002 estableció un total de 83 grupos, coincidiendo con el Departamento de Planeación Nacional, que afirmó en 2004 que el total de pueblos indígenas era del mismo número. Posteriormente el DANE a raíz del censo de 2005, estableció que la cantidad era de 87[2]. El problema que genera no llegar a un consenso en las instituciones estatales sobre la cantidad de pueblos indígenas, es que no se puede establecer la cantidad de tierras que se van a destinar a estos, ni tampoco conciliar en la medida de lo posible sus intereses y mucho menos ofrecerles una protección total y justa, para que se puedan expresar como una minoría[3], dentro del marco del sistema político colombiano[4].
Así la postura o la imagen de la política de los pueblos indígenas, es pluralista al estilo de Bernard Crick, en tanto ellos como etnia autóctona abogan porque todas las etnias y grupos sindicales (como los trabajadores de caña) que conforman unas minorías, sean reconocido en su totalidad y tengan participación en las decisiones o proyectos de carácter político, económico y legislativo que los afecte directamente como el TLC, las reformas a la ley laboral y los acuerdos entre el gobierno y las empresas multinacionales para explotar recursos naturales. Además el movimiento indígena, exige que una cantidad considerable de sus pueblos sean reconocidos, para que su conservación sea garantizada mediante los derechos establecidos en la constitución de 1991[5].
El movimiento indígena no sólo quiere ser reconocido como una asociación de individuos unidos que reclaman una serie de derechos constitucionales, sino también como una asociación política, que tiene como minoría la facultad ó la posibilidad de trasformar sus demandas y/o exigencias, en un poder que brille sobre las imposiciones del gobierno, logrando sopesar el poder del mismo. Por esto siguiendo a Harold Lasswell, los Indígenas en sus marchas y manifestaciones públicas, en el debate del pasado domingo 2 de noviembre y en sus constantes presiones en los medios alternativos de comunicación, están ejerciendo actos políticos con perspectivas de poder[6]. Pero las perspectivas de poder de la Minga son de carácter incluyente y en las cuales el poder que se quiere ejercer está enfocado a ayudar a conciliar en lo posible los diversos intereses, tanto del gobierno como el de todas las comunidades autóctonas del país.
Por lo tanto las perspectivas de poder de los Indígenas, están basadas en la concertación mediante el dialogo (por esto el interés en citar al presidente a un debate público) y en el pluralismo incluyente en las acciones políticas.
Las minorías inconformes como los pueblos indígenas, son vitales para el desarrollo de nuevas concepciones en la política, para John Stuart Mill "los inconformes y las minorías son fundamentalmente útiles. Son los instrumentos decisivos para el descubrimiento y la aplicación de conocimientos nuevos; son las reservas intelectuales de la comunidad de hoy, y quizá sus pioneros de mañana"[7]. Por esto, no garantizar la participación política de estos grupos, dentro del marco del sistema político nacional, constituye un grave problema, no sólo porque no se esté teniendo en cuenta a una minoría, sino porque también se está perdiendo unas percepciones útiles en el ámbito político, cultural y social para el desarrollo del Estado-Nación. El movimiento indígena tiene presente esta percepción y por tanto exige que en Colombia cese la persecución a esta etnia, que se les garantice obtener todas las posibilidades para desarrollar su propio sistema político dentro de sus cabildos y resguardos, y que el Estado los acoja y les permita incluirse/ligarse al sistema político nacional, para aportar desde su perspectiva como minoría étnica.
b) Gobierno Nacional (Presidente Álvaro Uribe Vélez):
Por otro lado encontramos la imagen o la concepción de la política del gobierno nacional, encabezado por el presidente Álvaro Uribe Vélez. Esta imagen de la política corresponde a la doble moralidad y al concepto del equilibrio del poder expresados por Nicolás Maquiavelo en su obra el Príncipe, y a Hobbes es su concepción del papel del soberano.
El presidente Uribe, con sus perspectivas dirigidas a incrementar su poder, nublado por su disonancia cognoscitiva y lo que él considera las “razones de estado”, ha fabricado todo una fachada para tildar a la Minga, al Cric y a los movimientos sociales en general de terroristas y/o aliados de las FARC, para de esta forma poseer pretextos apoyados en la mentira y en la supuesta sangre que ha causado la violencia indígena a la fuerza pública. De esta forma, el presidente se ahorra la molestia de concertar y conciliar los intereses de la Minga, y logra actuar usando la fuerza legítima, pero represiva de los organismos de control. Además el gobierno nacional, aplica la regla de la conducta egoísta[8] del príncipe maquiavélico, impidiendo que se expresen las minorías como grupos con poder político e intentando y en muchas ocasiones logrando mantener un dominio despótico sobre estas asociaciones.
El concepto del equilibro del poder de Maquiavelo, también se aplica a Uribe, “En palabras de Maquiavelo, cada príncipe, y cada aspirante al poder, es el enemigo de todo los demás”[9], ubicando esta afirmación en el contexto del conflicto, es lógico que la estrategia perfecta para menguar al movimiento indígena, que busca participar en el ejercicio del poder político, sea mediante el uso de la violencia legítima en manos de la fuerza pública, para de esta forma intentar que se retracten de aspirar a obtener poder decisorio. Ya que estos movimientos sociales representan un enemigo naciente para los intereses del gobierno, en materia de inversión extranjera y dominio político, es mucho mejor atacarlos con mentiras que destruyan su credibilidad ante la opinión pública y persuadirlos mediante la fuerza, para que no persigan la adquisición de sus derechos legitimados por la constitución; que acordar con los indígenas medidas que garanticen el cumplimiento de sus reclamos e intereses, como por ejemplo los acuerdos de las tierras que legalmente deberían cumplirse, pero que hoy en día están a medio pagar[10].
Otra concepción que el presidente Uribe demostró poseer en el debate del 2 de noviembre, fue el concepto del soberano de Hobbes: “el gobernante no debe obedecer otra voluntad más que la propia”[11]. Por tanto el presidente Uribe, no admite en su ideología que otros grupos minoritarios como el movimiento indígena, puedan llegar a participar en la política o tengan espacio dentro de la esfera de lo político. Esta concepción afecta directamente la integración de ideas y de conceptos para mejorar la convivencia en la sociedad, y además destruye cualquier oportunidad de dialogo que conlleve a una concertación de intereses o a una sana participación en los poderes establecidos del Estado.
La manipulación de los principales medios de comunicación, constituye una de las estrategias para distraer o generar percepciones equivocadas acerca de los movimientos sociales, que buscan la reivindicación de lo que por derecho constitucional, natural e histórico les pertenece. Mediante esta manipulación de la opinión pública, el soberano (Uribe), impide que otras voluntades se establezcan en el plano social-político del Estado. Un claro ejemplo de la negación a aceptar otras voluntades se dio durante el Debate, cuando el presidente Uribe decidió opacar la voz de la líder indígena con sus gritos y vociferaciones hacia el público, impidiendo que esta expresara lo que iba a pasar a partir del domingo 2 de noviembre, debido a que el gobierno y la pasión indígena, no permitieron llegar a un acuerdo sobre los puntos a discutir en la agenda.
2. Posibles escenarios para la trasformación del conflicto:
Para poder garantizar un cierto orden político y social en un Estado, es necesario que el sistema político de gobierno, cuente con la política como una herramienta para reconciliar los intereses que hay en los diversos grupos dentro de una comunidad política. Por esto es que la mejor forma de garantizar una conciliación entre los intereses del gobierno y los pueblos indígenas, sea elaborando mecanismos de inclusión en el ejercicio de la política nacional, en donde se respete la expresión de concepciones divergentes
Por tanto la mejor forma para resanar este conflicto de intereses, es adoptando una modalidad de dialogo, que permita la expresión guiada por la moderación y no por las políticas dogmaticas y la pasión ideológica, que tanto el gobierno como los indígenas mostraron en el pasado debate.
Para garantizar un verdadero dialogo, donde los poderes no choquen, sino que se unan para mantener o restablecer un orden, hay que procurar que esté mediado por instituciones, personajes y/o organizaciones con una posición neutral. Otro punto esencial es que el debate debe ser llevado a cabo con representantes de ambas partes, que comprendan y usen la política así como el discurso, no para atacar, sino para reconciliar y otorgar la razón en la medida en que sea verdadero el argumento de la contraparte. El escenario ideal, debe ser entonces, en el cual ambas partes estén en igualdad de condiciones para deliberar, en donde los indígenas posean el mismo nivel para argumentar y contra argumentar, y en donde ambas partes sean reconocidas como un poder establecido[12] con un cierto grado de razón, que debe ser respetada.
Este escenario, debe estar secundado por el deseo de incorporar algo nuevo a la concepción política de una de las partes, a través de la experiencia deliberativa con la opuesta. Al garantizar que en cierto grado las concepciones políticas acertadas de ambas partes, van a estar amparadas e incorporadas bajo el acuerdo establecido posterior al dialogo, se puede resolver en gran medida el problema de la conciliación de intereses.
Notas:
[1] Ver http://www.cric-colombia.org/noticias/?content=detail&id=164 – Párrafo 3
[2] Ver http://www.cric-colombia.org/noticias/?content=detail&id=164 – Punto 1
[3] Ya que sólo representan según cifras del censo de 2005 del DANE el 2,5% con respecto a la población total en Colombia.
[4] En defensa de la Política – Capítulo 1 “La Naturaleza del sistema político de gobierno” – Pág. 19, Párrafo 1 – Bernard Crick. Ver Anexo Citas
[5] Ver http://www.cric-colombia.org/noticias/?content=detail&id=164 - Punto 1, Párrafo 15 y Punto 9
[6] Análisis Político Moderno – Capitulo 1 “¿Qué es la política?” – Pág. 10, Párrafo 2 – Robert A. Dahl
[7] Política y Gobierno – Imágenes de la política – Pág. 117, Párrafo 3 – Karl W. Deutsch
[8] Política y Gobierno – Imágenes de la política – Pág. 89, Párrafo 2 – Karl W. Deutsch
[9] Política y Gobierno – Imágenes de la política – Pág. 90, Párrafo 2 – Karl W. Deutsch
[10] Me refiero concretamente: 1) A las 15661 hectáreas de tierra que le debe el Estado a los indígenas por la masacre del Nilo. 2) A las 13674 hectáreas de tierra que se debe del acuerdo de INCODER.
[11] Política y Gobierno – Imágenes de la política – Pág. 94, Párrafo 2 – Karl W. Deutsch
[12] En muchos de los discursos realizados por los líderes indígenas durante el debate del 2 de noviembre, declararon que no reconocen al gobierno nacional por considerarlo ilegitimo. Este tipo de afirmaciones basadas en meras percepciones incrementa el conflicto. Los indígenas y los movimientos sociales en Colombia deben entender que agredir al gobierno sólo garantiza que ellos también sean agredidos.
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