FALSOS POSITIVOS: UNA VERDAD INOCULTABLE

Escrito por: Nicolás Camargo
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"Los Nadie, que cuestan menos que la bala que los mata"
Eduardo Galeano.

Las ejecuciones extra-judiciales bien podrían ser definidas como asesinatos evidentemente no contemplados dentro de los parámetros legales, o quizá como homicidios cometidos por miembros de la Fuerza Pública.

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En Colombia en el último sexenio los casos de ejecuciones extra-judiciales han ido aumentando, de acuerdo con algunas cifras de organismos internacionales de Derechos Humanos, estas ejecuciones en la mayoría de los casos presentadas como "falsos positivos" han ascendido por lo menos a 1.122 casos atribuibles a la Fuerza Pública; un aumento casi del 67,71% con respecto al año de 1997, en el que se registraron solamente 669 casos, una cifra muy inferior a la mencionada anteriormente*. Las organizaciones colombianas de Derechos Humanos han venido adelantando minuciosas investigaciones sobre este grave tema, y han encontrado que entre enero 2007 y octubre de 2008, han sucedido 7.763 desapariciones, de las cuales 3.090 son de este año**. Una cifra realmente alarmante, pues el 21.6% de estas desapariciones han sido contra la voluntad de las víctimas, y sólo 102 casos han sido documentados y denunciados por organismos internacionales.


Según algunas declaraciones del Ministro de Defensa Juan Manuel Santos, estos hechos en principio sí serían "bajas dadas en combate" como lo justificaron las Fuerzas Militares***. Pero que ante la presión de algunos medios y muchas inconsistencias en las versiones tuvo que dar unas nuevas declaraciones en las que sostuvo que cualquier abuso contra los Derechos Humanos será sancionado sin consideración alguna. El resultado de estas declaraciones se puede evidenciar en la destitución de 27 militares de alto rango por parte del presidente Uribe.


Ante estos hechos cabe preguntarse ¿Por qué la divulgación ahora de estos casos en los medios masivos, si durante varios años que se vinieron presentando no lo denunciaron? Desde hace muchas décadas organizaciones de Derechos Humanos nacionales e internacionales han denunciado la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de miles de civiles ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Parlamento Europeo y la Comisión Interamericana de DDHH. Estos organismos de igual manera han producido varias sentencias en contra del Estado colombiano, con el fin de que se repare no sólo económicamente sino integralmente a las víctimas de estos hechos.


Para los familiares de las víctimas de falsos positivos, el afán de mostrar resultados por parte de los miembros de la Fuerza Pública es una de las principales razones por las que se comenten estos crímenes, bien podría decirse, de lesa humanidad. Hay que agregar que más que un afán por mostrar resultados, esto también se debe a "valiosas" recompensas que se les dan a los militares por presentar "bajas en combate"; es aquí donde surge otros interrogantes: ¿ Sí la pena de muerte no está aprobada en Colombia, por qué los militares hacen uso de ella para asesinar a sus enemigos? ¿No se supone qué la justicia ordinaria es la que se encarga de juzgar y condenar?

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CONFLICTO: MINGA INDÍGENA Y GOBIERNO NACIONAL – CONCEPCIONES DE LA POLÍTICA

Escrito por: Carlos Alberto Arango Schütz
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1. Concepciones o imágenes de la política de los Indígenas colombianos y el Gobierno Nacional.

a) Movimiento Indígena (Minga Indígena):

Actualmente la movilización de los indígenas (ó la gran minga indígena), se encuentra en el marco de la lucha por la inclusión, la aceptación, el derecho de participación, la igualdad y el reconocimiento a los pueblos autóctonos dentro de un sistema de participación política, económica, social y cultural de carácter incluyente y respetuoso de los derechos naturales de los primeros habitantes del territorio[1], en donde hoy se encuentra amparada la República de Colombia.

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Los indígenas luchan por unos derechos que constitucionalmente son legítimos (con excepciones, como el tema del subsuelo), pero que el gobierno nacional hoy no reconoce. En Colombia ninguna institución estatal está de acuerdo en el número total de pueblos indígenas, la dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, afirma que en Colombia hay un total de 81 pueblos indígenas, mientras que el ministerio de defensa en 2002 estableció un total de 83 grupos, coincidiendo con el Departamento de Planeación Nacional, que afirmó en 2004 que el total de pueblos indígenas era del mismo número. Posteriormente el DANE a raíz del censo de 2005, estableció que la cantidad era de 87[2]. El problema que genera no llegar a un consenso en las instituciones estatales sobre la cantidad de pueblos indígenas, es que no se puede establecer la cantidad de tierras que se van a destinar a estos, ni tampoco conciliar en la medida de lo posible sus intereses y mucho menos ofrecerles una protección total y justa, para que se puedan expresar como una minoría[3], dentro del marco del sistema político colombiano[4].

Así la postura o la imagen de la política de los pueblos indígenas, es pluralista al estilo de Bernard Crick, en tanto ellos como etnia autóctona abogan porque todas las etnias y grupos sindicales (como los trabajadores de caña) que conforman unas minorías, sean reconocido en su totalidad y tengan participación en las decisiones o proyectos de carácter político, económico y legislativo que los afecte directamente como el TLC, las reformas a la ley laboral y los acuerdos entre el gobierno y las empresas multinacionales para explotar recursos naturales. Además el movimiento indígena, exige que una cantidad considerable de sus pueblos sean reconocidos, para que su conservación sea garantizada mediante los derechos establecidos en la constitución de 1991[5].

El movimiento indígena no sólo quiere ser reconocido como una asociación de individuos unidos que reclaman una serie de derechos constitucionales, sino también como una asociación política, que tiene como minoría la facultad ó la posibilidad de trasformar sus demandas y/o exigencias, en un poder que brille sobre las imposiciones del gobierno, logrando sopesar el poder del mismo. Por esto siguiendo a Harold Lasswell, los Indígenas en sus marchas y manifestaciones públicas, en el debate del pasado domingo 2 de noviembre y en sus constantes presiones en los medios alternativos de comunicación, están ejerciendo actos políticos con perspectivas de poder[6]. Pero las perspectivas de poder de la Minga son de carácter incluyente y en las cuales el poder que se quiere ejercer está enfocado a ayudar a conciliar en lo posible los diversos intereses, tanto del gobierno como el de todas las comunidades autóctonas del país.

Por lo tanto las perspectivas de poder de los Indígenas, están basadas en la concertación mediante el dialogo (por esto el interés en citar al presidente a un debate público) y en el pluralismo incluyente en las acciones políticas.

Las minorías inconformes como los pueblos indígenas, son vitales para el desarrollo de nuevas concepciones en la política, para John Stuart Mill "los inconformes y las minorías son fundamentalmente útiles. Son los instrumentos decisivos para el descubrimiento y la aplicación de conocimientos nuevos; son las reservas intelectuales de la comunidad de hoy, y quizá sus pioneros de mañana"[7]. Por esto, no garantizar la participación política de estos grupos, dentro del marco del sistema político nacional, constituye un grave problema, no sólo porque no se esté teniendo en cuenta a una minoría, sino porque también se está perdiendo unas percepciones útiles en el ámbito político, cultural y social para el desarrollo del Estado-Nación. El movimiento indígena tiene presente esta percepción y por tanto exige que en Colombia cese la persecución a esta etnia, que se les garantice obtener todas las posibilidades para desarrollar su propio sistema político dentro de sus cabildos y resguardos, y que el Estado los acoja y les permita incluirse/ligarse al sistema político nacional, para aportar desde su perspectiva como minoría étnica.

b) Gobierno Nacional (Presidente Álvaro Uribe Vélez):

Por otro lado encontramos la imagen o la concepción de la política del gobierno nacional, encabezado por el presidente Álvaro Uribe Vélez. Esta imagen de la política corresponde a la doble moralidad y al concepto del equilibrio del poder expresados por Nicolás Maquiavelo en su obra el Príncipe, y a Hobbes es su concepción del papel del soberano.

El presidente Uribe, con sus perspectivas dirigidas a incrementar su poder, nublado por su disonancia cognoscitiva y lo que él considera las “razones de estado”, ha fabricado todo una fachada para tildar a la Minga, al Cric y a los movimientos sociales en general de terroristas y/o aliados de las FARC, para de esta forma poseer pretextos apoyados en la mentira y en la supuesta sangre que ha causado la violencia indígena a la fuerza pública. De esta forma, el presidente se ahorra la molestia de concertar y conciliar los intereses de la Minga, y logra actuar usando la fuerza legítima, pero represiva de los organismos de control. Además el gobierno nacional, aplica la regla de la conducta egoísta[8] del príncipe maquiavélico, impidiendo que se expresen las minorías como grupos con poder político e intentando y en muchas ocasiones logrando mantener un dominio despótico sobre estas asociaciones.

El concepto del equilibro del poder de Maquiavelo, también se aplica a Uribe, “En palabras de Maquiavelo, cada príncipe, y cada aspirante al poder, es el enemigo de todo los demás”[9], ubicando esta afirmación en el contexto del conflicto, es lógico que la estrategia perfecta para menguar al movimiento indígena, que busca participar en el ejercicio del poder político, sea mediante el uso de la violencia legítima en manos de la fuerza pública, para de esta forma intentar que se retracten de aspirar a obtener poder decisorio. Ya que estos movimientos sociales representan un enemigo naciente para los intereses del gobierno, en materia de inversión extranjera y dominio político, es mucho mejor atacarlos con mentiras que destruyan su credibilidad ante la opinión pública y persuadirlos mediante la fuerza, para que no persigan la adquisición de sus derechos legitimados por la constitución; que acordar con los indígenas medidas que garanticen el cumplimiento de sus reclamos e intereses, como por ejemplo los acuerdos de las tierras que legalmente deberían cumplirse, pero que hoy en día están a medio pagar[10].

Otra concepción que el presidente Uribe demostró poseer en el debate del 2 de noviembre, fue el concepto del soberano de Hobbes: “el gobernante no debe obedecer otra voluntad más que la propia”[11]. Por tanto el presidente Uribe, no admite en su ideología que otros grupos minoritarios como el movimiento indígena, puedan llegar a participar en la política o tengan espacio dentro de la esfera de lo político. Esta concepción afecta directamente la integración de ideas y de conceptos para mejorar la convivencia en la sociedad, y además destruye cualquier oportunidad de dialogo que conlleve a una concertación de intereses o a una sana participación en los poderes establecidos del Estado.

La manipulación de los principales medios de comunicación, constituye una de las estrategias para distraer o generar percepciones equivocadas acerca de los movimientos sociales, que buscan la reivindicación de lo que por derecho constitucional, natural e histórico les pertenece. Mediante esta manipulación de la opinión pública, el soberano (Uribe), impide que otras voluntades se establezcan en el plano social-político del Estado. Un claro ejemplo de la negación a aceptar otras voluntades se dio durante el Debate, cuando el presidente Uribe decidió opacar la voz de la líder indígena con sus gritos y vociferaciones hacia el público, impidiendo que esta expresara lo que iba a pasar a partir del domingo 2 de noviembre, debido a que el gobierno y la pasión indígena, no permitieron llegar a un acuerdo sobre los puntos a discutir en la agenda.

2. Posibles escenarios para la trasformación del conflicto:

Para poder garantizar un cierto orden político y social en un Estado, es necesario que el sistema político de gobierno, cuente con la política como una herramienta para reconciliar los intereses que hay en los diversos grupos dentro de una comunidad política. Por esto es que la mejor forma de garantizar una conciliación entre los intereses del gobierno y los pueblos indígenas, sea elaborando mecanismos de inclusión en el ejercicio de la política nacional, en donde se respete la expresión de concepciones divergentes

Por tanto la mejor forma para resanar este conflicto de intereses, es adoptando una modalidad de dialogo, que permita la expresión guiada por la moderación y no por las políticas dogmaticas y la pasión ideológica, que tanto el gobierno como los indígenas mostraron en el pasado debate.

Para garantizar un verdadero dialogo, donde los poderes no choquen, sino que se unan para mantener o restablecer un orden, hay que procurar que esté mediado por instituciones, personajes y/o organizaciones con una posición neutral. Otro punto esencial es que el debate debe ser llevado a cabo con representantes de ambas partes, que comprendan y usen la política así como el discurso, no para atacar, sino para reconciliar y otorgar la razón en la medida en que sea verdadero el argumento de la contraparte. El escenario ideal, debe ser entonces, en el cual ambas partes estén en igualdad de condiciones para deliberar, en donde los indígenas posean el mismo nivel para argumentar y contra argumentar, y en donde ambas partes sean reconocidas como un poder establecido[12] con un cierto grado de razón, que debe ser respetada.

Este escenario, debe estar secundado por el deseo de incorporar algo nuevo a la concepción política de una de las partes, a través de la experiencia deliberativa con la opuesta. Al garantizar que en cierto grado las concepciones políticas acertadas de ambas partes, van a estar amparadas e incorporadas bajo el acuerdo establecido posterior al dialogo, se puede resolver en gran medida el problema de la conciliación de intereses.

Notas:

[1] Ver http://www.cric-colombia.org/noticias/?content=detail&id=164 – Párrafo 3

[2] Ver http://www.cric-colombia.org/noticias/?content=detail&id=164 – Punto 1

[3] Ya que sólo representan según cifras del censo de 2005 del DANE el 2,5% con respecto a la población total en Colombia.

[4] En defensa de la Política – Capítulo 1 “La Naturaleza del sistema político de gobierno” – Pág. 19, Párrafo 1 – Bernard Crick. Ver Anexo Citas

[5] Ver http://www.cric-colombia.org/noticias/?content=detail&id=164 - Punto 1, Párrafo 15 y Punto 9

[6] Análisis Político Moderno – Capitulo 1 “¿Qué es la política?” – Pág. 10, Párrafo 2 – Robert A. Dahl

[7] Política y Gobierno – Imágenes de la política – Pág. 117, Párrafo 3 – Karl W. Deutsch

[8] Política y Gobierno – Imágenes de la política – Pág. 89, Párrafo 2 – Karl W. Deutsch

[9] Política y Gobierno – Imágenes de la política – Pág. 90, Párrafo 2 – Karl W. Deutsch

[10] Me refiero concretamente: 1) A las 15661 hectáreas de tierra que le debe el Estado a los indígenas por la masacre del Nilo. 2) A las 13674 hectáreas de tierra que se debe del acuerdo de INCODER.

[11] Política y Gobierno – Imágenes de la política – Pág. 94, Párrafo 2 – Karl W. Deutsch

[12] En muchos de los discursos realizados por los líderes indígenas durante el debate del 2 de noviembre, declararon que no reconocen al gobierno nacional por considerarlo ilegitimo. Este tipo de afirmaciones basadas en meras percepciones incrementa el conflicto. Los indígenas y los movimientos sociales en Colombia deben entender que agredir al gobierno sólo garantiza que ellos también sean agredidos.

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UNA MIRADA A NUESTRA HISTORIA: EL SIGLO XX

Escrito Por: Carlos Alberto Arango Schütz
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El siglo XX comienza con el fin de uno de los más grandes períodos de violencia de la historia de Colombia, la Guerra de los Mil Días, esta dejó al país sumido en un estancamiento económico que duró hasta el final de la primera década del siglo XX, y estableció una aparente tranquilidad política hasta 1930, en donde culmina la hegemonía conservadora.

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El último período hegemónico de los conservadores, se caracteriza principalmente por ser una época en donde el país sufre una serie de modernizaciones en materia de infraestructura, tecnología agrícola y transportes. Un ejemplo muy representativo de la modernización fue el desarrollo de la aviación en el país a partir del gobierno de Marco Fidel Suarez, el primer aeropuerto Colombiano fue el Rio Magdalena donde aterrizaban los hidroaviones de Scadta, la primera aerolínea colombiana que después pasaría a llamarse Avianca.

Durante las últimas décadas de la hegemonía conservadora, una serie de productos despegan en el mercado de las exportaciones colombianas: los textiles, el banano y el petróleo. Los textiles, gracias a la implementación de la industrialización encabezada por Medellín, lograron entrar en el mercado de exportación, y para 1915 un 70% del capital invertido para la manufactura lo absorbía la industria textil. Por otro lado el banano gracias a la inversión estadounidense, se había convertido en un producto muy importante en materia de exportación (constituía un 6% de las exportaciones), pero la explotación y la moderna esclavitud a la que eran sometidos los trabajadores de la industria bananera eclipsaron el desarrollo justo de esta industria; además desencadenaron una de las mayores matanzas en la historia de Colombia, la masacre de las bananeras, la cual concluyó con un saldo de 75 muertos a manos del ejército nacional. La Industria del petróleo también recibió la ayuda de inversionistas estadounidenses, y para 1926 la construcción del oleoducto de Cartagena le permitió al país entrar en el negocio de la exportación del tan aclamado oro negro.

Para 1930 concluye el período conservador y se instituye una nueva hegemonía liberal, que se constituye en un principio a la cabeza de Enrique Olaya Herrera tratando de ampararse ante la luz de los Estados Unidos, cosa que hasta nuestros días los gobiernos siguen tomando como punto esencial para el desarrollo del país.

Alfonso López Pumarejo es el primer presidente interesado por los temas laborales y sociales, a pesar de ser un banquero millonario. Para emprender sus políticas, propone una “revolución en marcha” acompañada de un intento de reforma agraria, que juntas tenían como objetivo redimir al gobierno con los campesinos y habitantes rurales de Colombia.

Durante el corto período de la hegemonía liberal del siglo XX, el mundo sufre varios acontecimientos funestos, entre ellos las consecuencias de la depresión y el déficit económico mundial y la Segunda Guerra Mundial, este último acontecimiento le permitió a Colombia bajo el mando de Eduardo Santos, mejorar las relaciones diplomáticas y la inversión económica estadounidense en suelo colombiano.

Para 1946 termina el período Liberal y comienza la época de la violencia bipartidista, que desataría para 1948 el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, uno de los líderes más carismáticos y queridos de todo el siglo. Este asesinato es uno de los hechos más funestos de la historia del Estado Nación colombiano, ya que Gaitán representaba a todo un pueblo que lo clamaba como uno de los personajes más justos y que buscaba un verdadero equilibrio político y social en Colombia.

El 9 de abril de 1948 debido al asesinato de Gaitán, se desata la mayor revuelta social en toda la historia colombiana, el Bogotazo. Este acontecimiento destruye gran parte de Bogotá y de otras ciudades del país, es una de las mejores representaciones del dolor y la cólera que se había desatado gracias a todo el período de la violencia que apenas empezaba en el país.

Cinco años después de la muerte de Gaitán, se instaura una dictadura militar por parte del general Gustavo Rojas Pinilla. Un período dictatorial que va de 1954 a 1957, y que trae consigo las restricciones para la prensa y la persecución discriminada hacia el partido comunista. La persecución de Rojas Pinilla hacia el partido comunista generó un fortalecimiento de las guerrillas y las autodefensas en el Magdalena medio, debido a que estos grupos no estaban de acuerdo con el nuevo régimen político. Para combatir las fuerzas insurgentes Rojas Pinilla fortaleció su posición dictatorial y desató un recrudecimiento de la violencia rural.

Un acuerdo entre Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez, logró derrocar la dictadura de Rojas Pinilla e instaurar un nuevo modelo de participación política, que permitiría que el bipartidismo fuese tolerable y supuestamente justo, este acuerdo se denominó Frente Nacional. Durante la época del Frente Nacional (1958-1974), se dan cuatro periodos presidenciales que son turnados entre el partido conservador y el partido liberal. Este nuevo modelo de participación, logró reforzar varias instancias sociales, pero a medida que se tenía éxito en un área, más problemas se evidenciaban en otras. La educación pública logró notables avances al igual que la economía, pero la desigualdad social y el desarrollo de las guerrillas insurgentes seguían representando un problema monumental para la estabilidad política del país.

Durante la década de los 60’s nace el mayor cáncer para la política y la estabilidad de nuestro país: las FARC, debido al bombardeo de Marquetalia por parte del ejército nacional se unen y conforman un movimiento insurgente, que se va a dedicar en lo que resta del siglo XX a atacar al pueblo, en vez de presionar para el desarrollo de un verdadero sistema político incluyente. Esta guerrilla es un residuo de las autodefensas comunistas del Magdalena Medio, y durante la década de 1960 formó el brazo armado del partido comunista.

El ELN (Ejército de Liberación Nacional), por otra parte es una guerrilla con un enfoque político distinto a las FARC, y nace casi simultáneamente junto con esta. El ELN tiene su zona de gestación en el departamento de Santander, específicamente en las franjas escasamente pobladas del valle medio del río Magdalena. Esta guerrilla que tiene su fuente inspiración en la revolución Cubana; hoy en día está muy diezmada y al borde de desaparecer del plano social-político colombiano. La creación de estas guerrillas se debe a varios factores, pero quizás el más importante de ellos es la incapacidad del gobierno y del sistema político colombiano durante los primeros 60 años del siglo XX, en garantizar una participación política activa de las minorías y una igualdad de opciones para el ejercicio de la política en todo el territorio colombiano. El bipartidismo, al excluir a otros partidos políticos del ejercicio de la participación política, incrementó la inconformidad social y desató la insurgencia en el Magdalena Medio, gestando en este sitio el laboratorio por excelencia para todas las fuerzas insurgentes colombianas, desde las FARC hasta las AUC de los años 90.

Otra guerrilla nacida debido a la inconformidad social-política fue el M-19 que entró en escena en 1973. Esta guerrilla fue una de las más amenazantes para el sistema político en la décadas comprendidas entre los años 70 y los 90; fue la responsable de la toma al Palacio de Justicia, en donde el gobierno a la cabeza de Belisario Betancourt demostró la incapacidad de contener la insurgencia; desde ese momento la guerrilla no era sólo historia del campo, sino también de la ciudad.

A partir de 1978 comienza nuestra época política contemporánea, Julio Cesar Turbay gana las elecciones de ese año por un estrecho margen. Su gobierno se caracteriza por evadir la responsabilidad hacia la gestión de nuevas políticas para levantar la economía colombiana. La pérdida de prestigio de Turbay y el descontento de la población hacia el gobierno liberal, favorecieron el triunfo electoral de Belisario Betancourt en las elecciones de 1982.

El gobierno de Betancourt logró establecer mesas de diálogo con las guerrillas y las fuerzas insurgentes, cosa que lo debilitó mucho frente a los altos mandos militares, quienes después en venganza, actuarían violentamente en la retoma del Palacio de Justicia sin consultar al presidente Betancourt. Durante la década de los 80’s, el narcotráfico se había convertido en la economía con más crecimiento; la siembra de Coca y la producción de cocaína ya eran unas labores acogidas por los nuevos capos secundados por las guerrillas, que veían en la “nueva economía” una muy buena fuente de ingresos para subsistir y seguir “combatiendo”. Entonces nacen las figuras mundialmente conocidas como: Pablo Escobar, Rodríguez Gacha “el mexicano”, los hermanos Rodríguez Orejuela, entre otros personajes perversos.

Para 1990 Cesar Gaviria Trujillo gana las elecciones presidenciales a raíz de que el líder del pueblo y candidato presidencial, Luis Carlos Galán es asesinado por orden de Pablo Escobar. Gaviria convoca una Asamblea Nacional Constituyente para elaborar la nueva carta constitucional, que remplazaría la constitución de 1886 que estaba vigente hasta ese entonces; así Gaviria se convierte en el último presidente elegido bajo la constitución del 86 y el primero de la del 91. El Gobierno de Gaviria se caracterizó por su debilidad para contener la violencia desatada por los Carteles de la droga, que van a producir una serie de atentados a personajes políticos y a lugares dedicados a la política o la influencia en la política. Como ejemplo está el carro bomba detonado por los hombres de Pablo escobar, que destruyó la sede del periódico El Espectador en Bogotá.

Durante la “casería” a Pablo Escobar, se van a gestar las autodefensas (AUC) como hoy se conocen; la alianza entre los PEPES (perseguidos por Pablo Escobar) y la fuerza pública, va a dar paso a la posterior aparición de las AUC y su laboratorio de operaciones en el Magdalena Medio.

En 1994 gracias a la “inocente” inversión económica del Cartel de Cali en la campaña presidencial de Ernesto Samper, éste gana la presidencia. Samper después de que la opinión pública supo que su campaña se había financiado gracias a los dineros del narcotráfico, se dedicó a defender su integridad personal durante todo su período presidencial. Para 1998 Andrés Pastrana Arango, el hijo de Misael Pastrana, gana las elecciones de ese año y se dedica a dialogar en medio de las balas con la guerrilla de las FARC; durante este período se le entrega a este grupo criminal una vasta zona del país y así se crea la “grandiosa” zona de distención del Caguán, que les permitió a las FARC delinquir y nadar en el mar de la impunidad.

Con Pastrana culmina el siglo XX que se caracteriza principalmente por ocho (8) aspectos:

1. Dos décadas de 1910 a 1930 con un crecimiento económico y una política dormida por las consecuencias de la Guerra de los Mil Días.

2. La Hegemonía Liberal de 1930 a 1946 en donde se empiezan a gestar los movimientos comunistas.

3. El período de la Violencia Bipartidista, en donde se cobra la vida de Jorge Eliécer Gaitán y que da paso a la dictadura de Rojas Pinilla.

4. La dictadura militar de Rojas Pinilla, que gestó en el Magdalena Medio las guerrillas y las autodefensas comunistas, de donde posteriormente se desprenderían las guerrillas de la década de 1960.

5. El nuevo modelo de participación Política del Frente Nacional, que aisló definitivamente de la vida política al partido comunista.

6. El nacimiento de las guerrillas: Las FARC, El ELN, El M-19 y el EPL.

7. La “Nueva Economía”: El narcotráfico y su influencia directa en la vida política colombiana.

8. El fortalecimiento constante de la guerrilla de las FARC en todo el país, gracias a la Zona de Distención.

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DECLARACIÓN DE 32 PARLAMENTARIOS EUROPEOS

Informa: Nicolás Camargo, Noticias 3Hp
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“Nosotros, diputados europeos abajo firmantes, hemos sido informados de la represión perpetrada contra las manifestaciones indígenas que se efectúan desde el 12 de Octubre en diversos departamentos de Colombia, que ha cobrado ya la vida de 27 indígenas, varios desaparecidos y numerosos heridos. También nos han informado acerca de la represión contra el movimiento sindical de los corteros de caña iniciado en el mes de septiembre.

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Queremos expresar nuestra más profunda indignación por estas graves violaciones a los derechos de los indígenas y sindicales que no pueden quedar en la impunidad.

Consideramos legítimas las peticiones de los indígenas porque sean respetados sus territorios y su autonomía. Estamos preocupados por la supervivencia de sus 102 etnias, de las cuales 18 están en peligro inminente de desaparición. Censuramos la explotación indiscriminada de los recursos naturales. Así mismo reconocemos la legitimidad de las peticiones de los corteros de caña por un trabajo digno.

Instamos al Gobierno Colombiano a ordenar a las fuerzas armadas institucionales que cesen inmediatamente la represión ejercida contra el movimiento indígena y contra el movimiento sindical.

Expresamos nuestro rechazo por la expulsión sin fundamento de tres ciudadanos europeos que se encontraban observando las movilizaciones en curso.

Condenamos la permanente utilización del pretexto de la lucha contra el terrorismo para reprimir el movimiento social en Colombia."

Firman:

- Vittorio Agnoletto, Diputado europeo por Italia, Miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo
- André Brie, Diputado europeo por Alemania, Miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo
- Giusto Catania, Diputado europeo por Italia, Vicepresidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Interiores del Parlamento Europeo
- Gabriele Cretu, Diputada europea por Rumania, Vicepresidente de la delegación DAND del Parlamento Europeo
- Bairbre De Brun, Diputada europea por Irlanda, Miembro de la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo
- Ilda Figueiredo, Diputada europea por Portugal, Miembro de la Asamblea Birregional EUROLAT
- Claudio Fava, Diputado europeo por Italia, Vicepresidente de la Asamblea Birregional EUROLAT
- Mónica Frassoni, Diputada europea por Italia, Presidente del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea
- Vicente Garcés, Diputado europeo por España, Miembro de la Comisión de Presupuesto del Parlamento Europeo
- Ana María Gomes, Diputada europea por Portugal, Miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo
- Pedro Guerreiro, Diputado europeo por Portugal, Miembro de la Comisión de Desarrollo Regional
- Umberto Guidoni, Diputado europeo por Italia, Miembro de la Comisión de Control Presupuestal del Parlamento Europeo
- Jens Holm, Diputado europeo por Suecia, Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
- Richard Howitt, Diputado europeo por el Reino-Unido, Vicepresidente de la Subcomisión de Derechos Humanos
- Marie Anne Isler-Béguin, Diputada europea por Francia, Miembro de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo
- Eva Lichtenberger, Diputada europea por Austria, Miembro de la Delegación de Medio Ambiente del Parlamento Europeo
- Marie-Noelle Lienemann, Diputada europea por Francia, Miembro de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo
- Caroline Lucas, Diputada europea por el Reino Unido, Miembro de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo
- Mary Lou Mac Donald, Diputada europea por Irlanda, Miembro de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo
- Helmuth Markov, Diputado europeo por Alemania, Presidente de la Comisión de Comercio Internacional
- Erik Meijer, Diputado europeo por Holanda, Miembro de la Comisión de Transporte del Parlamento Europeo
- Willy Meyer-Pleite, Diputado europeo por España, Vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria Birregional EUROLAT
- Luisa Morgantini, Diputada europea por Italia, Vicepresidente del Parlamento Europeo
- Tobias Pflüger, Diputado europeo por Alemania, Miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo
- Miguel Portas, Diputado europeo por Portugal, Miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo
- Miloslav Ransdorf, Diputado europeo por la República Checa, Miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo
- Marco Rizzo, Diputado europeo por Italia, Miembro de la Asamblea Birregional EUROLAT
- Raúl Romeva Rueda, Diputado europeo por España, Miembro de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género
- Esko Seppanen, Diputado europeo por Finlandia, Miembro de la Comisión de Asuntos Industriales del Parlamento Europeo
- Eva-Britt Svensson, Diputada europea por Suecia, Vicepresidente de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo
- Feleknas Uca, Diputada europea por Alemania, Miembro de la Comisión de Cooperación para el Desarrollo del Parlamento Europeo
- Gabriele Zimmer, Diputada europea por Alemania, Miembro de la Comisión de Cooperación para el Desarrollo del Parlamento Europeo.

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